Fuente: Las Opinión de Coruña
El Gobierno gallego pagará 118.019 euros a tres empresas privadas para que vigilen los accesos al registro civil, al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y a los Juzgados situados en el edificio Proa, en Matogrande. Algunos de los agentes en régimen de segunda ocupación que trabajan en el edificio de Nuevos Juzgados y el sindicato CCOO denuncian que el Gobierno gallego escogió la opción más cara, ya que los policías que están jubilados realizan el mismo servicio por 720,42 euros al mes





